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La Vecchia de Giorgone 1510 (1)
Resumen
Este tercer artículo de la serie sobre sociología del
envejecimiento aborda las dos grandes cuestiones que subyacen al tratamiento
político de la vejez: la pregunta teórica sobre si los ancianos constituyen una
minoría y el análisis crítico de las políticas públicas de pensiones y
dependencia. Para ello, confronta el discurso neoliberal que califica a los
mayores como una "nueva clase privilegiada" y desmonta la lógica de
la tasa de dependencia, mostrando que confunde "no estar empleado"
con "no producir valor". El artículo concluye que el verdadero
problema no es el envejecimiento, sino la obsolescencia de unas categorías e
instituciones diseñadas para una estructura demográfica y laboral que ya no
existe; en este sentido, las pensiones no son un gasto, sino la materialización
de un contrato intergeneracional, y el debate de fondo no es económico, sino
político: qué tipo de sociedad queremos construir y si estamos dispuestos a
abandonar a quienes la construyeron.
Abstract
This third
article in the series on the sociology of ageing addresses the two major issues
underlying the political treatment of old age: the theoretical question of
whether the elderly constitute a minority, and the critical analysis of public
policies on pensions and care. To this end, it confronts the neoliberal
discourse that portrays the elderly as a "new privileged class" and
deconstructs the logic of the dependency ratio, showing that it confuses
"not being employed" with "not producing value". The article
concludes that the real problem is not ageing itself, but the obsolescence of
categories and institutions designed for a demographic and labour structure
that no longer exists. In this sense, pensions are not an expense, but the
materialisation of an intergenerational contract; and the underlying debate is
not economic, but political: what kind of society we want to build, and whether
we are willing to abandon those who built it.
Índice
- Introducción
- La nueva aristocracia
- ¿Constituyen los ancianos una minoría?
- Envejecimiento y políticas públicas
Introducción
En el primer artículo recorrimos los procesos de
envejecimiento —biológico, psicológico y social—. En el segundo, los problemas
concretos que afectan a las personas mayores: jubilación, pobreza, soledad,
brecha digital, edadismo, maltrato. Ahora toca subir un peldaño más y
preguntarnos: ¿qué puede hacer la sociedad con toda esta problemática?
Porque los problemas no se resuelven solos. Detrás de cada
estadística, de cada dato sobre pobreza o soledad, hay decisiones políticas que
los alivian o los agravan. Y detrás de esas decisiones hay intereses,
ideologías y, a veces, simple desidia. O, peor aún, una voluntad explícita de
desmantelar lo que otros construyeron.
En este tercer artículo vamos a abordar dos grandes
cuestiones que suelen quedar enterradas bajo el peso de los datos: la pregunta
teórica sobre si los ancianos constituyen o no una minoría —un debate
clásico de la sociología con implicaciones políticas muy concretas— y el debate
práctico sobre las políticas públicas: las pensiones, la dependencia,
la financiación del sistema y el conflicto intergeneracional que se avecina.
Si el amable lector viene de los dos artículos anteriores,
encontrará aquí un desarrollo natural de lo que ya hemos hablado. Si llega por
primera vez, que no se preocupe: cada concepto está explicado de manera que se
pueda seguir sin necesidad de haber leído los anteriores. Aunque, eso sí, si le
gusta lo que lee, siempre estará a tiempo de volver atrás y completar el viaje.
Dicho esto, abordemos la primera de las dos grandes
cuestiones.
La nueva aristocracia
Existe todo un estado de opinión, muy vinculado a ciertas
corrientes de pensamiento neoliberal, que consiste en calificar al colectivo de
los ancianos como una "nueva clase privilegiada.
Quizás la mejor forma de ilustrar este estado de opinión sea
el artículo que publicó recientemente José Ignacio Wert en el
diario digital El Español el 10 de agosto de 2026.
Lo curioso del artículo de Wert es que lo titula
"Funcionarios y pensionistas son la nueva aristocracia", para luego
informarnos de que los pisos están cada vez más caros y centrarse en las
dificultades que tiene la juventud para alquilar o comprar una vivienda. No
trata directamente de los jubilados, salvo ciertas frases aisladas que actúan
como cargas de profundidad y el título polémico y polemista. Es como titular
"Comer garbanzos da gases" y luego referirse a que comer grasas saturadas
es perjudicial para el sistema cardiovascular.
De todas formas, es muy significativo el título y la
intención del autor de relacionarlo con un problema social acuciante, asociando
lo expresado en el titular con lo indicado en el texto sin necesidad de
demostrar nada, sin realizar ningún razonamiento lógico que nos permita ver la
conexión. Es un "ahí lo dejo".
La metáfora que sostiene el título parece argumentar que
estos grupos gozan de una posición de estabilidad y ventaja en comparación con
el resto de la sociedad, creando una suerte de "casta" protegida, una
nueva aristocracia.
De esta forma, me he enterado de que he sido un aristócrata
toda mi vida adulta (he sido funcionario durante 38 años y de pensionista llevo
3), a pesar de venir de una familia que desde tiempo inmemorial han sido
jornaleros del campo. Espero que mis antepasados puedan verme desde el Cielo y
experimentar un cierto gozo con mi buena fortuna.
El pensamiento que hay detrás de esta forma de sentir —que
cada vez se extiende más— es una crítica al actual modelo de protección social
y laboral en España. Se argumenta que el sistema genera un desequilibrio,
creando un grupo con derechos y seguridades que no están al alcance del común
de los trabajadores del sector privado, que viven con mayor incertidumbre.
Las personas que así opinan, o bien creen que tienen el
futuro asegurado, o bien caen en el pesimismo de pensar que cuando lleguen a
viejos no quedará pastel que repartir, o bien —y aquí permitidme la ironía— se
comportan como aquel arquetipo que Carlo María Cipolla definió como «estúpido»: la persona que causa daño a los otros sin obtener ganancia personal alguna, o
incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso.
Este tipo de discurso no es inocente. Su objetivo no es
describir la realidad, sino enfrentar a generaciones, haciendo creer a los
jóvenes que su precariedad es culpa de los mayores, y a los mayores que los
jóvenes quieren quitarles lo que han ganado. Es la vieja táctica de
"divide y vencerás" aplicada a la demografía.
No voy a entrar en el asunto de los funcionarios, pues
estamos analizando la sociología del envejecimiento. Además, he publicado
numerosos artículos sobre la vida, los problemas, los privilegios y las
servidumbres de los funcionarios (ver la página "Función Pública y Ciencia de la Administración").
Cuando esta idea se usa en el caso de los ancianos, me
recuerda el refrán de "vamos a desvestir a un santo para vestir a
otro". Es una tesis pesimista, sin confianza en la fuerza de la sociedad.
Se puede describir como sigue: como no podemos solucionar que los ciudadanos
que trabajan tengan una vida segura y confortable, hemos convertido a los
jubilados en privilegiados. Pues vamos a fastidiar a los jubilados, para que
todos sean iguales —no por arriba, sino por abajo— en vez de dar más oportunidades
a los demás para que mejoren su situación. La culpa de la falta de
oportunidades de los jóvenes en España no la tienen los pensionistas.
Así que empezamos mal. Si hay quien cree que los
pensionistas son una clase —cuando la sociología lleva décadas diciéndonos que
las clases se definen por la relación con los medios de producción, no por la
edad— o una casta privilegiada —como si hubiéramos nacido con un título
nobiliario en lugar de con una cartilla de la Seguridad Social—, entonces el
debate no puede quedarse ahí. La pregunta no es si somos una élite, sino qué
somos desde el punto de vista sociológico. ¿Una minoría? ¿Un
colectivo? ¿Un grupo de presión? Veamos qué dicen los que han estudiado esto.
¿Constituyen los ancianos una minoría?
Los sociólogos tienen claro que los ancianos no son una
clase social. En realidad, se hallan diseminados por las distintas clases
sociales: hay mayores ricos, medios y pobres. Ahora bien, no se ponen de
acuerdo acerca de si los mayores componen una minoría similar a las formadas,
por ejemplo, por los miembros de una minoría étnica o por las personas con
discapacidad.
Breen (2) opina que los mayores sí son una
minoría, puesto que tienen una identidad social basada en su edad y, como
grupo, sufren prejuicios y discriminación. Por el contrario, Streib (3) argumenta
que el estatus de minoría es permanente y adscrito (naces en él y mueres en
él), mientras que la vejez es una etapa que todos atravesamos si vivimos lo
suficiente. Por esta razón, los mayores no constituirían una minoría en sentido
estricto.
Streib, además, expone otro argumento que, para mí, es más
convincente. Las desventajas sociales que padecen los ancianos son menores que
las que experimentan las minorías étnicas o raciales. A los mayores no se les
niega el derecho a tener propiedad, ni a votar o ser elegidos para cargos
políticos. Parece sensato considerar a los ancianos, más que como una minoría,
como un colectivo social.
Pero aquí hay un matiz que Streib no contempla y que en
España es especialmente relevante. A los mayores les salva su capacidad de
voto. No solo son muchos —según datos del censo electoral, los mayores de 65
años representan cerca del 25% del censo, más de 9 millones de personas,
doblando en número al colectivo de menores de 35 años— sino que además son los
más fieles a las urnas. Las encuestas del CIS muestran sistemáticamente una
brecha significativa en la intención de voto entre generaciones: los mayores
son los que declaran con más firmeza su intención de votar, mientras que los
jóvenes registran los niveles más bajos de participación declarada. Los
partidos lo saben. No en vano, ese volumen de voto —que en elecciones pasadas
se concentró en hasta un 36% en una sola formación (4)— los ha convertido en lo que
la literatura denomina 'grey power' o 'poder gris': un grupo de interés con
capacidad real para condicionar el rumbo de las políticas públicas.
Pero esa protección electoral, como bien sabemos los que
hemos visto unos cuantos ciclos políticos, no es eterna. Su estatus puede
erosionarse de varias formas: porque su voto se dé por descontado, porque se
disemine tanto que pierda poder, porque el conflicto intergeneracional por los
recursos públicos los convierta en un "problema" a resolver, o porque
el edadismo se normalice en el discurso político hasta el punto de que recortar
sus derechos sea aceptable. Basta con que los mayores dejen de ser un grupo
decisivo en el tablero electoral para que su protección se desvanezca, sin
necesidad de cambiar una sola ley.
Envejecimiento y políticas públicas
Para entender el debate sobre las pensiones hay que partir
de un concepto que los gobiernos y los organismos internacionales utilizan
constantemente: la tasa de dependencia. En su versión más amplia, la tasa de
dependencia demográfica relaciona a la población considerada
"inactiva" —menores de 16 años y mayores de 64— con la población en
edad de trabajar (de 16 a 64 años). Pero el dato que realmente importa a los
gobiernos es la tasa de dependencia de mayores: la razón entre el número de
personas de 65 años o más y el número de personas en edad de trabajar.
Sin embargo, conviene no confundir estos conceptos con la
relación entre pensionistas y población ocupada, que es un indicador distinto y
más complejo. Porque la tasa de dependencia, en cualquiera de sus versiones, es
solo un indicador demográfico: mide personas, no capacidad económica. Una
sociedad no funciona simplemente con la expresión: «trabajadores → producen → pensionistas
consumen». Hay productividad, salarios, impuestos, participación laboral
femenina, inmigración, automatización, trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado. Y todos estos factores son los que determinan realmente si una
sociedad puede o no sostener a sus mayores. Lo que hace la tasa de dependencia
es dar una imagen estática de una realidad dinámica. Y cuando esa imagen se
utiliza para justificar recortes, conviene mirarla con cierta distancia
crítica.
Según Eurostat, en 2017 esta ratio alcanzó el 30% en
la UE-28: algo más de tres personas en edad de trabajar por cada persona de 65
años o más. Las proyecciones a 2055 indican que, tras alcanzar un máximo del
50%, se estabilizará. Pero no nos engañemos: esos porcentajes fríos esconden un
problema real. La agricultura moderna, la mejora de los sistemas sanitarios, el
control de epidemias y los avances farmacológicos han alargado nuestra vida. Y
eso, siendo una gran noticia, se ha convertido en un quebradero de cabeza para
las arcas públicas.
Porque la ecuación parece sencilla: más mayores, más demanda
de servicios sociales y sanitarios. Más esperanza de vida, más años de
pensiones que pagar. Y todo lo financia la población trabajadora. Algunos ya
están dando la voz de alarma: conforme aumente la ratio de dependencia,
aumentará la presión sobre los recursos disponibles. Suena razonable, ¿verdad?
Pues cuidado, porque no todo es tan simple como lo pintan.
A la luz de estas proyecciones, gobiernos y académicos de
salón han llegado a una conclusión: hay que retrasar la edad de jubilación.
Tras la crisis financiera de 2008 y la posterior recesión, este argumento ganó
crédito. Recortar el gasto público era la consigna, y las pensiones eran un
objetivo fácil. Como resultado, muchos gobiernos anunciaron planes para
retrasar la jubilación a los 65 o 67 años. España no fue una excepción.
Es la solución más sencilla: mueves la frontera de la
"edad laboral" y la "edad de jubilación", y la tasa de
dependencia se estabiliza (e incluso baja). Pero es un parche, un "pan
para hoy y hambre para mañana" de los que tanto abundan en
nuestra sociedad cortoplacista. Porque el crecimiento de la población mayor no
se detiene, y tarde o temprano la tasa volverá a subir. Es como intentar vaciar
el mar con un cubo: por mucho que remuevas, el agua sigue ahí.
Por suerte, no todos los analistas comparten este alarmismo.
Autores como el economista Phil Mullan (5) señalan que es un
mito pensar que una población envejecida supone un aumento exponencial de
enfermedades y dependencia. La vejez no es una enfermedad, insiste. La mayoría
de las personas mayores no están enfermas ni discapacitadas, y muchos siguen
trabajando después de la edad oficial de jubilación (aunque sea en la economía
sumergida o en tareas de cuidado no remuneradas). Una de las razones por las
que vivimos más es la mejora de las condiciones de vida, no la aparición de una
plaga bíblica de dependientes.
Pero el problema no es solo demográfico; es ideológico.
Conceptuar a las personas mayores como "población dependiente", junto
con los niños, implica que este grupo social constituye un problema. Y eso, con
perdón, es una forma sutil de edadismo. Porque aunque no todas las personas
mayores tengan la misma salud ni la misma seguridad económica, para muchas de
las que miran ilusionadas hacia la jubilación, la vejez ha cambiado para mejor.
Arber (6) y Ginn (7) van más allá y defienden que la
idea de dependencia necesita ser reconsiderada. En primer lugar, los rangos de
edad utilizados para definir la dependencia ya no se corresponden con la
realidad del empleo. Hoy hay menos jóvenes que entran en el mercado laboral a
tiempo completo a los 16 años —la mayoría sigue estudiando— y muchos
trabajadores abandonan el mercado antes de los 65, o entran y salen de él en
distintas etapas de su vida. Al mismo tiempo, hay más mujeres que nunca
trabajando fuera de casa, lo que compensa la menor duración del empleo entre
los hombres. El mercado laboral ya no es ese camino recto y predecible que
conocieron nuestros padres —ni siquiera el que conoció mi generación, los que
empezamos a trabajar en los años 80.
Y aquí conviene subrayar una distinción que suele pasarse
por alto: no es lo mismo no tener un empleo remunerado que no contribuir a la
economía. Dicho de otra manera, las actividades que benefician la economía no
se limitan al trabajo remunerado. Los mayores no son una carga, son un recurso.
Proporcionan cuidados informales y no remunerados a sus parejas, lo que reduce
drásticamente el coste público de la sanidad y los servicios sociales. Cuidan
de sus nietos, permitiendo que sus hijos e hijas puedan trabajar. Ayudan
económicamente a sus hijos mayores con préstamos, pagos de matrículas o apoyo
para la vivienda. Y no olvidemos, porque sería injusto, que durante la crisis
de 2008 y 2011, los mayores españoles fueron el colchón económico de muchas
familias que habían caído en desgracia. Sin ellos, el desastre social habría
sido aún mayor.
Así que la próxima vez que alguien hable de los mayores como
un "problema" o una "carga", recordad que, sin su trabajo no
remunerado, su apoyo económico y su experiencia, el sistema lo habría pasado
mucho peor. El envejecimiento no es una catástrofe, es un logro. El problema no
es que vivamos más, es que no hemos sabido adaptar nuestras políticas a esa
realidad.
Más allá de los números y las proyecciones, hay dos
cuestiones de fondo que suelen quedar enterradas bajo el peso de las
estadísticas.
La primera es una cuestión de justicia. Quienes
hoy son mayores han cotizado durante la mayor parte de su vida, a veces en
condiciones mucho más duras que las actuales. Han contribuido a construir el
Estado de bienestar que ahora disfrutamos. No se trata de un favor ni de una
caridad; se trata de un contrato social que firmamos entre
generaciones. Merecen una vejez confortable no porque sean
"pobrecitos", sino porque se lo han ganado.
Y decirlo no es populismo: es simplemente reconocer que las
pensiones no son un gasto, sino la materialización de un contrato
intergeneracional que los mayores contribuyeron a construir. Ellos pagaron las
pensiones de sus mayores; ahora les corresponde a las generaciones siguientes
sostener el sistema que les garantiza una vejez digna. No es una cuenta de
ahorro individual —eso sería un sistema de capitalización—, pero es un derecho
legítimo adquirido a lo largo de décadas de trabajo y cotización.
La segunda cuestión es más técnica, pero igual de relevante.
Tenemos interiorizado como un dogma de fe que las pensiones deben financiarse
exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Ese es
el sistema de reparto que nos ha funcionado durante décadas,
pero que nació en una época muy distinta: la del baby boom, cuando
había muchos cotizantes para pocos pensionistas. Esa ecuación, como hemos
visto, ya no cuadra.
El sistema de pensiones español dejó de ser puramente
contributivo hace tiempo. Actualmente, una parte muy significativa del gasto en
pensiones se financia con impuestos generales. Según las estimaciones de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la Seguridad Social recibió
en 2025 cerca de 53.000 millones de euros en transferencias del Estado. Si se
excluyeran estas transferencias, el déficit básico de la Seguridad Social
Ampliada habría superado los 69.000 millones de euros. Es decir, casi uno de
cada cuatro euros del gasto en pensiones y prestaciones de la Seguridad Social
procede directamente de los impuestos de todos los ciudadanos. Esto no es ni
bueno ni malo, es simplemente un hecho que obliga a repensar el modelo de financiación.
El problema es que, cuando se habla de "buscar nuevas
fuentes de financiación", el discurso dominante suele derivar hacia
la privatización o la capitalización individual:
que cada uno se ahorre lo suyo. Pero esa solución, tan sencilla en apariencia,
tiene un problema de base: no todo el mundo puede permitírsela.
Quienes tienen empleos precarios, salarios bajos o carreras laborales
interrumpidas —mujeres, jóvenes, trabajadores de baja cualificación— no pueden
ahorrar lo suficiente para asegurarse una pensión digna. Y entonces, ¿qué
hacemos con ellos? ¿Los condenamos a una vejez de penuria?
Por eso, el debate sobre las pensiones no puede reducirse a
un cálculo actuarial. Es también un debate sobre qué tipo de sociedad
queremos construir. Si creemos que la vejez debe ser una etapa digna para
todos, y no solo para quienes tuvieron la suerte de poder ahorrar, entonces
tenemos que buscar soluciones creativas que no pasen necesariamente por las
pensiones privadas (y conste que tampoco predico su eliminación, allá cada cual
con su dinero).
El Pacto de Toledo (8), ese foro de consenso que
lleva más de treinta años buscando acuerdos entre partidos y agentes sociales,
es el lugar natural para hacerlo. Pero para que el pacto funcione, hace falta
voluntad política y, sobre todo, honestidad para reconocer que el modelo de
reparto puro, tal como lo conocimos, necesita ser reformado. No para
eliminarlo, sino para adaptarlo a una realidad demográfica que ya no es la de
nuestros padres.
Conclusión
Los datos nos dicen que envejecemos más y mejor que nunca.
Pero también nos dicen que no hemos sabido adaptar nuestras instituciones a esa
realidad. El debate sobre las pensiones, la dependencia y el conflicto
intergeneracional no es un tecnicismo; es la expresión de un conflicto de
valores: ¿qué tipo de sociedad queremos construir?
Porque el verdadero problema no es que haya demasiados
viejos, sino que seguimos utilizando una concepción de la sociedad productiva
diseñada para una estructura demográfica y laboral que ya no existe. Seguimos
pensando en jubilación, empleo y dependencia con las categorías del siglo XX,
cuando la realidad del siglo XXI es radicalmente distinta. Y mientras no
ajustemos nuestras instituciones a esa nueva realidad, seguiremos tratando el
envejecimiento como un problema en lugar de como lo que es: un logro de la
humanidad.
Por eso, al final, la pregunta no es si podemos permitirnos
unas pensiones dignas. La pregunta es si podemos permitirnos no
tenerlas. Porque una sociedad que abandona a sus mayores es una sociedad
que ha renunciado a parte de sí misma.
En el próximo y último artículo de esta serie, subiremos un
peldaño más en nuestra escalera y exploraremos las teorías sociológicas que intentan explicar el
envejecimiento. Porque, como hemos visto, los datos sin teoría son ciegos, pero
la teoría sin datos es vacía.
Sociólogo
Notas
- Sobre la imagen que ilustra el artículo. Probablemente una de las representaciones más directas y conmovedoras de la vejez. Una mujer anciana mira al espectador mientras señala una inscripción que dice Col tempo («Con el tiempo»). El rostro es extraordinariamente realista: piel arrugada, cabello canoso, labios envejecidos, pero es una vieja bien parecida, no es caricaturesca. El tema del cuadro: el tiempo como fuerza que transforma inevitablemente el cuerpo.
- Leonard Z. Breen fue profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Purdue (Indiana, EE.UU.). Su contribución más importante al estudio del envejecimiento es el influyente capítulo titulado "The Aging Individual" (El individuo que envejece). Este texto fue publicado en 1960 dentro del "Handbook of Social Gerontology" (Manual de Gerontología Social), una obra fundamental de la época editada por Clark Tibbitts que recogía el estado del arte en el campo
- Gordon F. Streib (Rochester, Nueva York, 7 de julio de 1918 — Gainesville, Florida, 17 de febrero de 2011) fue un sociólogo estadounidense, uno de los pioneros de la gerontología social y un referente en el estudio del envejecimiento y la jubilación.
- El dato procede del CIS en 2016 y el partido en cuestión era el PP. Según el barómetro del CIS de enero de 2026, basándose en la intención del voto, más del 30% de los mayores de 65 votarían al PSOE.
- Phil Mullan es un economista, escritor y consultor de negocios británico. Aunque su nombre no es tan conocido en los círculos académicos tradicionales, su obra ha tenido un impacto significativo en el debate sobre el envejecimiento población. Su contribución más influyente es el libro The Imaginary Time Bomb: Why an Ageing Population is Not a Social Problem (La bomba de tiempo imaginaria: por qué el envejecimiento de la población no es un problema social), publicado en el año 2000.
- Sara Lynne Arber (n. 19 de marzo de 1949) es una socióloga británica, reconocida mundialmente por sus investigaciones pioneras sobre la sociología del envejecimiento y el género. Es profesora emérita de Sociología en la Universidad de Surrey, donde también ha sido codirectora del Centre for Research on Ageing and Gender (CRAG)
- Jay Ginn (Harrogate, Reino Unido, 1939) es una socióloga británica, reconocida por su investigación pionera sobre las desigualdades de género en el envejecimiento, las pensiones y el empleo de las mujeres. Es Senior Research Fellow en el Departamento de Sociología de la Universidad de Surrey y codirectora del Centre for Research on Ageing and Gender (CRAG)
- Pacto de Toledo. Congreso de los Diputados. Disponible en: www.congreso.es.
Bibliografía
AIReF(2023). Opinión sobre la Sostenibilidad de las
Administraciones Públicas a Largo Plazo
Eurostat (2026). Tasa de dependencia de la tercera edad
(Old-age dependency ratio).
https://tradingeconomics.com/euro-area/old-age-dependency-ratio-eurostat-data.html
Mancionis
John J. y Plummer Ken (2005). Sociología. Pearson-Prentice Hall
Giddens
Anthony y Sutton Philip W. (2025). Sociología. Alianza-Editorial
Wert José Ignacio (2026). Funcionarios y pensionistas son la
nueva aristocracia. El Español. https://www.elespanol.com/opinion/columnas/20260810/funcionarios-pensionistas-nueva-aristocracia/1003744345711_12.html
De la Fuente, A. (2026). Las cuentas de la Seguridad Social
Ampliada: Series 2005-2025, v1.3. FEDEA, Colección Apuntes, nº 2026-03
